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¿Cuáles son las regulaciones aplicables a la venta de bienes con etiquetado ecológico en México?
La venta de bienes con etiquetado ecológico en México debe cumplir con las regulaciones de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, y obtener certificaciones de entidades acreditadas.
¿Qué es el Programa "Identidad de Origen" en México y cómo se relaciona con la identificación?
El Programa "Identidad de Origen" busca reconocer la identidad cultural y étnica de las comunidades indígenas en México. Esto puede implicar la emisión de documentos de identificación especiales que reflejen la identidad cultural y étnica de las personas.
¿Qué medidas se toman para asegurar el cumplimiento de la pensión alimenticia en México?
Para garantizar el cumplimiento de la pensión alimenticia en México, se pueden tomar varias medidas, como la retención de salarios, el embargo de bienes, la publicación de listas de deudores alimentarios morosos y, en casos extremos, la prisión del deudor alimentario. Estas medidas buscan garantizar que los beneficiarios reciban el apoyo económico necesario.
¿Cómo se manejan los contratos de venta de bienes en situaciones de crisis sanitaria y emergencia de salud en México?
Los contratos de venta en situaciones de crisis sanitaria y emergencia de salud en México pueden estar sujetos a medidas de emergencia y regulaciones temporales para garantizar la disponibilidad de productos de atención médica y proteger la salud pública.
¿Cuáles son las diferencias en los procedimientos de debida diligencia en México en comparación con otros países?
Los procedimientos de debida diligencia en México pueden variar en comparación con otros países debido a las leyes y regulaciones locales, las prácticas comerciales y culturales, y los riesgos específicos del mercado mexicano. Es importante adaptar el proceso de debida diligencia para abordar estas diferencias y garantizar una evaluación precisa.
¿Qué diferencias existen entre sanciones civiles y penales para contratistas en México?
Las sanciones civiles se refieren a multas y sanciones económicas, mientras que las sanciones penales pueden llevar a procesos legales y penas de prisión para contratistas que han cometido delitos graves en sus operaciones.
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