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¿Qué es la debida diligencia en materia de cumplimiento (compliance due diligence) y cómo se aplica en las empresas en México?
La debida diligencia en cumplimiento implica la evaluación y revisión de prácticas comerciales, políticas y procedimientos para identificar riesgos de cumplimiento. Esto se aplica al evaluar socios comerciales, adquisiciones y fusiones, entre otros aspectos empresariales.
¿Qué importancia tiene el cumplimiento normativo en el sector financiero en México y cómo se regula este sector?
El cumplimiento normativo es crítico en el sector financiero en México, ya que está altamente regulado. Las instituciones financieras deben cumplir con regulaciones bancarias, de valores, anti-lavado de dinero y otras para garantizar la integridad del sistema financiero.
¿Cuál es la legislación que regula la protección de datos personales en contratos de arrendamiento en México?
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares regula la protección de datos personales en México. Tanto el arrendador como el arrendatario deben cumplir con esta legislación al manejar información personal en el contexto de un contrato de arrendamiento.
¿Cómo se manejan los casos de clientes que se niegan a proporcionar información requerida en el proceso KYC en México?
Los casos de clientes que se niegan a proporcionar información requerida en el proceso KYC en México se manejan de acuerdo con las políticas de la institución financiera. En algunos casos, la falta de cooperación puede resultar en la suspensión o cierre de cuentas.
¿Cuáles son los motivos más comunes para un embargo en México?
Los motivos más comunes para un embargo en México incluyen el incumplimiento de pagos de deudas, ya sea de préstamos, facturas no pagadas, deudas fiscales, y otras obligaciones financieras. Además, un embargo puede ser solicitado en casos de incumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas.
¿Qué diferencias existen entre sanciones civiles y penales para contratistas en México?
Las sanciones civiles se refieren a multas y sanciones económicas, mientras que las sanciones penales pueden llevar a procesos legales y penas de prisión para contratistas que han cometido delitos graves en sus operaciones.
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