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¿Cuál es el papel de la evaluación de riesgos en la implementación de KYC en México?
La evaluación de riesgos desempeña un papel central en la implementación de KYC en México al ayudar a las instituciones financieras a determinar el nivel de diligencia debida necesario para cada cliente. Esto garantiza que los recursos se centren en los clientes de mayor riesgo.
¿Cuáles son los requisitos para la compraventa de bienes raíces en México?
Para la compraventa de bienes raíces en México, se requiere un contrato por escrito, el pago de impuestos, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el cumplimiento de requisitos notariales.
¿Cuál es el propósito de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)?
La LFPIORPI tiene como objetivo prevenir y detectar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y regula la identificación y seguimiento de las PEP para evitar que utilicen el sistema financiero para actividades ilegales.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la percepción de México como un destino de inversión extranjera?
Las sanciones a contratistas pueden influir en la percepción de México como destino de inversión extranjera al afectar la imagen del país en términos de transparencia y cumplimiento de normativas, lo que puede influir en las decisiones de inversión.
¿Cuál es la relación entre el lavado de dinero y el tráfico de personas con fines de explotación laboral en México?
La relación entre el lavado de dinero y el tráfico de personas con fines de explotación laboral es una preocupación en México. Los traficantes a menudo lavan los ingresos obtenidos de la explotación laboral para ocultar su origen. La prevención del lavado de dinero se relaciona con la lucha contra el tráfico de personas con fines laborales en el país.
¿Cómo se promueve la integridad en la contratación pública en México como medida preventiva de sanciones?
La promoción de la integridad en la contratación pública en México se logra a través de la transparencia en los procesos de licitación, la promoción de competencia justa y la revisión rigurosa de antecedentes y conductas de los contratistas.
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