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¿Cuál es el proceso de juicio por jurado en México?
En México, el sistema de juicio por jurado no es común y se utiliza en casos excepcionales. El juicio por jurado implica que un grupo de ciudadanos (el jurado) determina la culpabilidad o inocencia del acusado en un juicio.
¿Cómo se promueve la competencia justa en la contratación pública como medida preventiva de sanciones en México?
La promoción de la competencia justa en la contratación pública en México se logra a través de la revisión transparente de ofertas, la eliminación de barreras injustas y la promoción de oportunidades para una amplia variedad de contratistas.
¿Cómo se realiza la debida diligencia del cliente en el proceso KYC en México?
La debida diligencia del cliente en el KYC en México implica la recopilación y verificación de información sobre el cliente, como su identidad, historial financiero y actividad económica. Este proceso varía según la institución, pero generalmente incluye la revisión de documentos, entrevistas con el cliente y la evaluación del riesgo asociado.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la percepción de México como un lugar de inversión en el sector energético?
Las sanciones a contratistas pueden influir en la percepción de México como un lugar de inversión en el sector energético al destacar la importancia de la integridad y el cumplimiento ético en el sector, lo que puede influir en las decisiones de inversión en energía.
¿Qué diferencias existen entre sanciones civiles y penales para contratistas en México?
Las sanciones civiles se refieren a multas y sanciones económicas, mientras que las sanciones penales pueden llevar a procesos legales y penas de prisión para contratistas que han cometido delitos graves en sus operaciones.
¿Puede una persona con antecedentes penales en México solicitar el cambio de su nombre o identidad para evitar la estigmatización?
En México, una persona con antecedentes penales puede solicitar el cambio de su nombre o identidad, pero el proceso puede ser complejo y no garantiza que se evite la estigmatización. La decisión de cambiar el nombre es competencia de las autoridades judiciales, y generalmente se considera en función de motivos legítimos y la conveniencia pública. La estigmatización puede persistir incluso con un cambio de nombre, ya que los antecedentes penales suelen estar asociados al número de identificación personal.
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