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¿Cuál es la diferencia entre un embargo y una demanda judicial en México?
Un embargo en México implica la retención de bienes o activos como garantía para el pago de una deuda pendiente, mientras que una demanda judicial es un proceso legal mediante el cual una parte demanda a otra ante un tribunal para resolver una disputa. Un embargo es una medida que puede resultar de una demanda exitosa.
¿Cómo pueden las empresas abordar el cumplimiento normativo en relación con la prevención de la corrupción y el soborno en México?
Las empresas deben implementar políticas y procedimientos anticorrupción, proporcionar capacitación a empleados y socios comerciales, realizar debida diligencia en transacciones y denunciar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.
¿Puede el arrendador exigir un depósito de garantía excesivamente alto en México?
En México, el depósito de garantía debe ser razonable y no excesivo. No hay un monto fijo establecido por la ley, pero el depósito debe estar en proporción a la renta y generalmente no puede ser utilizado para cubrir el pago de rentas futuras.
¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la exposición de irregularidades y sanciones a contratistas en México?
Los medios de comunicación desempeñan un papel importante al exponer irregularidades y sanciones a contratistas en México, lo que aumenta la conciencia pública y la presión para tomar medidas contra prácticas corruptas.
¿Puede el arrendatario realizar mejoras en la propiedad y deducirlas del pago de renta en México?
Si el arrendatario realiza mejoras significativas en la propiedad que fueron acordadas con el arrendador, podría negociar un ajuste en el pago de renta o un acuerdo para deducir el costo de las mejoras. Esto debe especificarse claramente en el contrato.
¿Cómo se abordan los temas de cumplimiento con la Ley Antilavado de Dinero en México?
En México, el cumplimiento con la Ley Antilavado de Dinero es fundamental en la debida diligencia. Esto implica la identificación de los beneficiarios finales de la empresa, la revisión de políticas y procedimientos internos de prevención de lavado de dinero y la evaluación de transacciones sospechosas o inusuales. También se deben revisar las sanciones vigentes y las listas de personas y entidades sancionadas.
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