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¿Cómo se determina la jurisdicción competente en caso de conflicto en un contrato de venta en México?
La jurisdicción competente se determina generalmente por las partes en el contrato. Pueden acordar un tribunal específico o seguir las leyes de jurisdicción civil o comercial.
¿Cuál es el propósito de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)?
La LFPIORPI tiene como objetivo prevenir y detectar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y regula la identificación y seguimiento de las PEP para evitar que utilicen el sistema financiero para actividades ilegales.
¿Qué instituciones o entidades en México pueden realizar verificaciones de antecedentes judiciales?
En México, las verificaciones de antecedentes judiciales suelen ser realizadas por empleadores, instituciones financieras, agencias gubernamentales, y en algunos casos, organizaciones de seguridad y aplicadores de la ley. Estas verificaciones son utilizadas para tomar decisiones relacionadas con la empleabilidad, crédito y seguridad pública.
¿Cuáles son los desafíos tecnológicos en el proceso KYC en México?
Algunos desafíos tecnológicos en el proceso KYC en México incluyen la necesidad de mantener sistemas seguros y actualizados para proteger la información del cliente, la interoperabilidad entre diferentes sistemas y la adaptación a cambios tecnológicos emergentes, como blockchain y criptomonedas.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la percepción de México como un centro de manufactura para empresas extranjeras?
Las sanciones a contratistas pueden influir en la percepción de México como centro de manufactura para empresas extranjeras al destacar la importancia de cumplir con estándares éticos y regulaciones, lo que puede influir en la decisión de establecer operaciones en el país.
¿Cómo se regulan las ventas en línea o por comercio electrónico en México?
Las ventas en línea en México están reguladas por la Ley Federal de Protección al Consumidor, y las empresas deben proporcionar información clara, términos y condiciones, y mecanismos de resolución de conflictos a los consumidores.
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