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¿Cuáles son las diferencias entre un embargo preventivo y un embargo ejecutivo en México?
Un embargo preventivo en México se lleva a cabo antes de que exista una sentencia o resolución que establezca una deuda. En cambio, un embargo ejecutivo se produce después de obtener una orden judicial o una resolución que confirma la deuda pendiente. Los procedimientos y las bases legales pueden variar entre ambos tipos de embargos.
¿Cómo se manejan los contratos de venta de bienes intangibles, como software o licencias, en México?
Los contratos de venta de bienes intangibles en México deben especificar claramente los derechos de uso, las licencias y las restricciones, y pueden estar sujetos a regulaciones de propiedad intelectual.
¿Cuál es el papel de los notarios y fedatarios en la prevención del lavado de dinero en México?
Los notarios y fedatarios desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en México. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, verificar la legitimidad de transacciones y reportar operaciones sospechosas. Esto evita que estos profesionales se utilicen para facilitar el lavado de dinero.
¿Cuáles son las principales obligaciones fiscales en México?
Algunas de las principales obligaciones fiscales en México incluyen la presentación oportuna de declaraciones de impuestos, el pago de impuestos como el ISR o el IVA, y la emisión de facturas electrónicas válidas.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de un embargo en México?
Las implicaciones fiscales de un embargo en México pueden variar según la situación específica. Por lo general, la realización de un embargo puede tener implicaciones fiscales relacionadas con las ganancias o pérdidas derivadas de la venta de bienes embargados, así como con la cancelación de deudas y la obligación de reportar estos eventos a las autoridades fiscales.
¿Pueden las personas consultar sus antecedentes judiciales de forma gratuita en México?
Consultar los antecedentes judiciales en México generalmente implica un proceso que puede tener un costo asociado. La obtención de certificados de antecedentes no penales o la solicitud de registros judiciales puede requerir el pago de tarifas administrativas. No suele ser un servicio gratuito, y los costos pueden variar según la entidad o jurisdicción.
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