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¿Cuáles son las consecuencias de ser un deudor de impuestos en México?
Las consecuencias de ser un deudor de impuestos en México pueden incluir multas, recargos, y en casos graves, incluso la posibilidad de enfrentar acciones legales, como embargos de bienes.
¿Cuál es el impacto de un embargo en la capacidad de una empresa para acceder a licitaciones gubernamentales en México?
Un embargo puede tener un impacto en la capacidad de una empresa para acceder a licitaciones gubernamentales en México. Muchos procesos de licitación requieren que las empresas presenten información sobre su situación financiera y legal, y un historial de embargo puede influir en la decisión de los organismos gubernamentales de otorgar contratos a una empresa. Mantener una buena reputación financiera es importante para participar en licitaciones exitosamente.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales para el arrendador en un contrato de arrendamiento en México?
El arrendador está sujeto a impuestos sobre la renta por los ingresos derivados del arrendamiento. Debe declarar estos ingresos y pagar los impuestos correspondientes. Además, puede deducir ciertos gastos relacionados con la propiedad, como el mantenimiento y las mejoras, de los ingresos gravables.
¿Cuál es el papel de la educación en ética y anticorrupción en la prevención de abusos financieros por parte de PEP en México?
La educación en ética y anticorrupción es fundamental para prevenir abusos financieros, ya que promueve la integridad y la conciencia de las responsabilidades de las PEP.
¿Cómo se regulan las ventas de bienes inmuebles en desarrollo (preventas) en México?
Las ventas de bienes inmuebles en desarrollo, como preventas, están reguladas por la Ley de la Propiedad en Condominio y la PROFECO, que establecen requisitos y protección para los compradores.
¿Cuál es el proceso de revisión y apelación de sanciones para contratistas en México?
El proceso de revisión y apelación de sanciones en México implica la presentación de recursos legales y la revisión de decisiones por parte de las autoridades correspondientes. Los contratistas tienen derecho a impugnar las sanciones si creen que son injustas.
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