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¿Cuál es el papel de la comunicación interna y externa en el cumplimiento normativo en las empresas en México?
La comunicación interna y externa es clave para el cumplimiento normativo. Internamente, se comunica políticas y procedimientos a los empleados. Externamente, se comunica la conformidad con los clientes, socios y reguladores, y se establece una vía para que las partes interesadas denuncien incumplimientos.
¿Cómo se regulan los contratos de venta de bienes de segunda mano en México?
Los contratos de venta de bienes de segunda mano en México deben cumplir con las regulaciones de la PROFECO y la COFEPRIS, así como proporcionar información precisa sobre el estado de los productos.
¿Qué regulaciones aplican a la venta de bienes sujetos a medidas de control de sustancias químicas en México?
La venta de bienes sujetos a medidas de control de sustancias químicas en México debe cumplir con regulaciones de seguridad, salud y medio ambiente, y obtener las autorizaciones necesarias de la autoridad correspondiente.
¿Cuál es el procedimiento para impugnar un laudo laboral en México?
Para impugnar un laudo laboral en México, la parte insatisfecha puede presentar un recurso de revisión ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en un plazo específico. La Junta revisará el laudo y puede confirmarlo o modificarlo. Si no se está de acuerdo con la decisión de la Junta, se pueden presentar recursos adicionales ante tribunales superiores.
¿Qué disposiciones legales existen para la protección de los derechos de los arrendatarios en México?
En México, la Ley de Inquilinato y las leyes estatales y municipales establecen disposiciones legales para la protección de los derechos de los arrendatarios. Estas leyes regulan cuestiones como el desahucio, el depósito de garantía y las condiciones mínimas de habitabilidad.
¿Qué diferencias existen entre sanciones civiles y penales para contratistas en México?
Las sanciones civiles se refieren a multas y sanciones económicas, mientras que las sanciones penales pueden llevar a procesos legales y penas de prisión para contratistas que han cometido delitos graves en sus operaciones.
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