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¿Cuál es la normativa principal que rige el KYC en México?
En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la principal normativa que regula el KYC y establece las obligaciones de las instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
¿Qué medidas de cumplimiento deben considerar las empresas que operan en sectores regulados por la CRE (Comisión Reguladora de Energía) en México?
Las empresas en sectores regulados por la CRE, como la energía, deben cumplir con regulaciones específicas sobre generación, distribución y comercialización de energía, así como con los requisitos de permisos y autorizaciones.
¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de activos en el comercio internacional y las aduanas?
México tiene regulaciones y medidas de control en el comercio internacional, incluyendo la revisión de operaciones aduaneras y la identificación de actividades sospechosas en transacciones comerciales. Esto ayuda a prevenir el lavado de activos a través del comercio internacional.
¿Cómo pueden las instituciones financieras en México verificar la autenticidad de la documentación proporcionada por las PEP?
Las instituciones financieras pueden realizar verificaciones adicionales, como consultar registros públicos o solicitar documentación adicional para confirmar la autenticidad de la documentación proporcionada por las PEP.
¿Cuáles son las mejores prácticas para mantener registros de verificación de listas de riesgos en México?
Las mejores prácticas para mantener registros de verificación de listas de riesgos en México incluyen documentar de manera exhaustiva las verificaciones, incluyendo la fecha, los resultados y cualquier acción tomada en caso de coincidencia. Los registros deben mantenerse seguros y disponibles para su revisión por parte de las autoridades reguladoras.
¿Cuál es el proceso de venta de bienes confiscados por la autoridad judicial en México?
La venta de bienes confiscados por la autoridad judicial en México se realiza a través de subastas judiciales, supervisadas por un actuario judicial, y el producto se destina a la satisfacción de sentencias judiciales.
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