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¿Cómo se evalúa la habilidad de liderar proyectos de expansión internacional en la selección de personal en México?
La habilidad de liderar proyectos de expansión internacional se evalúa considerando la experiencia en la apertura de nuevos mercados, la gestión de operaciones internacionales y la comprensión de las diferencias culturales y regulatorias en mercados extranjeros.
¿Cómo se promueve la responsabilidad de las instituciones financieras en la prevención del lavado de dinero en México?
La responsabilidad de las instituciones financieras en la prevención del lavado de dinero se promueve a través de regulaciones estrictas. Estas instituciones deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas. El incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en sanciones y consecuencias legales.
¿Cuál es el plazo para la prescripción de acciones en un contrato de venta en México?
El plazo de prescripción en un contrato de venta en México suele ser de 10 años a partir de la fecha en que se pudo ejercer la acción. Sin embargo, este plazo puede variar según el tipo de contrato.
¿Cuál es el propósito de la debida diligencia reforzada en el contexto de las PEP?
La debida diligencia reforzada tiene como objetivo garantizar que las instituciones financieras tomen precauciones adicionales al tratar con PEP para prevenir el lavado de dinero y la corrupción.
¿Qué recursos y capacitación están disponibles para ayudar a las PEP a comprender y cumplir con las regulaciones financieras?
Las PEP pueden acceder a recursos proporcionados por el Gobierno y organizaciones especializadas, así como a asesoramiento legal y financiero para cumplir con las regulaciones.
¿Cuáles son las diferencias entre un embargo judicial y un embargo administrativo en México?
Un embargo judicial en México se produce como resultado de una resolución emitida por un tribunal o juez, generalmente en casos civiles o laborales. En cambio, un embargo administrativo es ordenado por autoridades gubernamentales o fiscales, como el SAT, para el cobro de deudas fiscales o administrativas. Las leyes y procedimientos varían entre ambos tipos de embargos.
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