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¿Cómo se abordan los temas de cumplimiento con la Ley Antilavado de Dinero en México?
En México, el cumplimiento con la Ley Antilavado de Dinero es fundamental en la debida diligencia. Esto implica la identificación de los beneficiarios finales de la empresa, la revisión de políticas y procedimientos internos de prevención de lavado de dinero y la evaluación de transacciones sospechosas o inusuales. También se deben revisar las sanciones vigentes y las listas de personas y entidades sancionadas.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento en materia de compliance en México?
Las sanciones por incumplimiento en México pueden variar según la ley específica infringida, pero pueden incluir multas, sanciones penales, cierre de operaciones y pérdida de licencias comerciales.
¿Cómo se realiza el trámite de registro de una sociedad mercantil en México?
El registro de una sociedad mercantil en México se realiza ante el Registro Público de Comercio. Debes presentar una solicitud de registro, documentación relacionada con la sociedad, y cumplir con los requisitos legales y fiscales establecidos.
¿Puede el arrendador negarse a renovar un contrato de arrendamiento sin motivo en México?
El arrendador tiene la opción de no renovar un contrato de arrendamiento al final de su vigencia, pero debe notificar su decisión con la antelación requerida y sin discriminación o motivo injustificado. No puede negarse sin una justificación válida.
¿Qué agencias o autoridades pueden ordenar embargos en México?
En México, diversas agencias y autoridades pueden ordenar embargos, dependiendo del tipo de deuda. Las autoridades fiscales, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pueden embargar bienes por deudas fiscales, mientras que los tribunales y autoridades judiciales pueden hacerlo en casos civiles o laborales.
¿Cuáles son las sanciones más graves que un contratista puede enfrentar en México?
Las sanciones más graves que un contratista puede enfrentar en México incluyen la pérdida de contratos gubernamentales, multas significativas, la inhabilitación para contratar con el gobierno durante años y procesos penales que podrían resultar en prisión.
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