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¿Cuáles son las diferencias entre un embargo por deuda civil y un embargo por deuda fiscal en México?
Un embargo por deuda civil en México está relacionado con incumplimientos de obligaciones financieras no fiscales, como préstamos o facturas no pagadas. En contraste, un embargo por deuda fiscal se refiere a la retención de bienes para el pago de deudas con las autoridades fiscales. Los procedimientos y las leyes aplicables varían entre ambos tipos de embargos.
¿Qué sucede si se descubren errores en los antecedentes judiciales de una persona en México?
Si una persona descubre errores en sus antecedentes judiciales en México, es importante abordarlos de inmediato. Puede presentar una solicitud de corrección o actualización ante la autoridad judicial correspondiente para que se ajusten los registros erróneos. Es fundamental corregir cualquier inexactitud, ya que los errores pueden tener consecuencias negativas en la vida de una persona.
¿Puede el arrendador ingresar a la propiedad sin el permiso del arrendatario en México?
El arrendador solo puede ingresar a la propiedad en situaciones específicas, como realizar reparaciones esenciales o inspecciones acordadas, y debe notificar al arrendatario con anticipación.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de la venta de bienes raíces en México?
La venta de bienes raíces en México puede generar obligaciones fiscales, como el pago de ISR por ganancias de capital. Existen exenciones y deducciones que pueden aplicar en ciertas circunstancias.
¿Cuál es la legislación que regula la protección de datos personales en contratos de arrendamiento en México?
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares regula la protección de datos personales en México. Tanto el arrendador como el arrendatario deben cumplir con esta legislación al manejar información personal en el contexto de un contrato de arrendamiento.
¿Cómo se previene el lavado de activos a través de organizaciones sin fines de lucro y fundaciones en México?
México ha implementado regulaciones y procedimientos para prevenir el uso de organizaciones sin fines de lucro y fundaciones en el lavado de activos. Esto incluye la debida diligencia en la identificación de beneficiarios finales y la supervisión de transacciones financieras.
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