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¿Cuál es la relación entre la Ley de Adquisiciones y la sanción de contratistas en México?
La Ley de Adquisiciones en México establece las regulaciones para las compras públicas, y las sanciones a contratistas a menudo están relacionadas con incumplimientos en el marco de esta ley, como prácticas corruptas o incumplimientos contractuales.
¿Qué es la Subcontratación de Personal en México y cómo afecta a los antecedentes fiscales de las empresas?
La subcontratación de personal, también conocida como outsourcing, es una práctica que implica la contratación de trabajadores a través de terceros. Cumplir con las regulaciones de subcontratación es crucial para mantener buenos antecedentes fiscales, ya que el incumplimiento puede resultar en sanciones y problemas legales.
¿Cómo se manejan los desafíos de la alta rotación de personal en la selección en México?
La alta rotación de personal es un desafío común en México, especialmente en industrias como la manufactura. Para abordar esto, las empresas pueden implementar programas de retención, mejorar las condiciones de trabajo y la capacitación, y buscar candidatos con un historial de estabilidad laboral.
¿Cómo se determina la gravedad de una sanción para un contratista en México?
La gravedad de una sanción para un contratista en México se determina en función de factores como la magnitud de la infracción, el impacto en la economía y la sociedad, la reiteración de las conductas y la cooperación del contratista durante la investigación.
¿Qué documentos respaldan los antecedentes fiscales en México?
Los documentos que respaldan los antecedentes fiscales en México incluyen declaraciones de impuestos, comprobantes de pago, facturas, estados financieros y cualquier documentación relacionada con las obligaciones fiscales.
¿Cómo se garantiza la transparencia en la revisión de expedientes judiciales por parte de la sociedad civil en México?
La transparencia en la revisión de expedientes judiciales por parte de la sociedad civil en México se promueve a través de la participación en audiencias públicas, la solicitud de acceso a expedientes, y la observación de casos de interés público. Las organizaciones de la sociedad civil también pueden presentar informes y análisis sobre el sistema de justicia. La legislación de acceso a la información respalda esta participación activa.
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