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¿Cuál es la diferencia entre el embargo y la confiscación de bienes en México?
El embargo en México implica la retención temporal de bienes como garantía para el pago de una deuda pendiente. La confiscación de bienes, en cambio, es el proceso mediante el cual los bienes se transfieren permanentemente al Estado o a otra entidad, por lo general debido a actividades ilegales, como el contrabando. Las leyes y procedimientos son distintos para cada uno.
¿Cómo pueden las PEP en México demostrar que sus activos y transacciones son legales y transparentes?
Las PEP pueden demostrar la legalidad de sus activos y transacciones a través de una documentación completa, auditorías financieras y la cooperación con las autoridades para aclarar cualquier inquietud.
¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de activos en la banca digital y las fintech?
México está regulando de manera más estricta a las instituciones de banca digital y fintech para asegurarse de que cumplan con los mismos estándares de prevención de lavado de activos que las instituciones financieras tradicionales. Se requiere la identificación de usuarios y el reporte de actividades sospechosas.
¿Cuál es el impacto de un embargo en el patrimonio neto de un individuo en México?
Un embargo en México puede tener un impacto significativo en el patrimonio neto de un individuo, ya que afecta la posesión y disponibilidad de sus bienes y activos. Esto puede resultar en una disminución del patrimonio neto y la pérdida de propiedades o activos valiosos. Es importante gestionar adecuadamente los embargos para minimizar este impacto.
¿Cómo se promueve la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos en México?
México coopera con otros países en la investigación y persecución de casos de lavado de activos a través de acuerdos de intercambio de información y colaboración con agencias extranjeras.
¿Qué es el proceso de debida diligencia (due diligence) en el cumplimiento normativo en México?
La debida diligencia es el proceso de investigación y análisis de las partes interesadas antes de entrar en transacciones comerciales. En el contexto del cumplimiento normativo, se utiliza para evaluar a socios comerciales, clientes y proveedores en términos de cumplimiento de leyes y regulaciones.
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