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¿Qué medidas de seguridad se implementan para proteger los expedientes judiciales en México?
En México, se implementan medidas de seguridad, como el almacenamiento en lugares seguros, la custodia por parte de funcionarios judiciales, la autenticación de documentos y el acceso controlado, para proteger la integridad y confidencialidad de los expedientes.
¿Cuáles son las limitaciones en la duración de un contrato de arrendamiento en México?
En México, los contratos de arrendamiento pueden tener una duración determinada o indefinida, dependiendo de lo acordado por las partes. Sin embargo, algunos contratos de duración determinada pueden requerir una justificación legal para su finalización anticipada.
¿Cómo se han adaptado las instituciones financieras en México al aumento en la demanda de servicios en línea y aplicaciones móviles debido a la pandemia de COVID-19?
Las instituciones financieras en México se han adaptado al aumento de la demanda de servicios en línea y aplicaciones móviles al acelerar la implementación de procesos KYC en línea y la capacidad de realizar verificaciones de identidad a través de dispositivos móviles. Esto ha permitido a los clientes acceder a servicios financieros de manera segura desde sus hogares.
¿Qué es el registro nacional de personas desaparecidas en México?
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPED) es una base de datos que recopila información sobre personas desaparecidas en México. Su objetivo es facilitar la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
¿Cuándo es necesario realizar un registro formal del contrato de arrendamiento en México?
El registro formal del contrato de arrendamiento generalmente se realiza en propiedades de alto valor o para mayor seguridad jurídica. Sin embargo, no es obligatorio, a menos que lo exija una regulación local o el contrato lo estipule.
¿Cuál es el proceso de recuperación de activos relacionados con casos de lavado en México y cómo se destinan estos recursos recuperados?
El proceso de recuperación de activos implica la confiscación de bienes relacionados con el lavado. Los recursos recuperados se destinan a programas de prevención del delito y al fortalecimiento de la lucha contra el lavado y otros delitos financieros.
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