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¿Cómo se regula el uso de dinero electrónico en la prevención del lavado de dinero en México?
En México, el uso de dinero electrónico está regulado para prevenir el lavado de dinero. Las plataformas de dinero electrónico deben cumplir con las regulaciones AML, incluyendo la identificación de clientes, el reporte de operaciones sospechosas y el seguimiento de transacciones para prevenir el uso indebido de estos servicios.
¿Cuál es el proceso de identificación de PEP fallecidas en las instituciones financieras en México?
Las instituciones financieras deben mantener registros y bases de datos actualizados para identificar a PEP fallecidas y cumplir con las regulaciones.
¿Cuáles son las diferencias entre un embargo preventivo y un embargo ejecutivo en México?
Un embargo preventivo en México se lleva a cabo antes de que exista una sentencia o resolución que establezca una deuda. En cambio, un embargo ejecutivo se produce después de obtener una orden judicial o una resolución que confirma la deuda pendiente. Los procedimientos y las bases legales pueden variar entre ambos tipos de embargos.
¿Cuáles son las implicaciones del KYC en la inclusión financiera en México?
El KYC puede tener implicaciones en la inclusión financiera en México, ya que los procedimientos rigurosos de verificación de identidad pueden representar una barrera para las personas no bancarizadas o con recursos limitados. Por lo tanto, es importante equilibrar la seguridad con la accesibilidad a los servicios financieros.
¿Cuáles son las sanciones más graves que un contratista puede enfrentar en México?
Las sanciones más graves que un contratista puede enfrentar en México incluyen la pérdida de contratos gubernamentales, multas significativas, la inhabilitación para contratar con el gobierno durante años y procesos penales que podrían resultar en prisión.
¿Cuál es el plazo requerido para notificar aumentos de renta en un contrato de arrendamiento en México?
El plazo requerido para notificar aumentos de renta en un contrato de arrendamiento en México varía según lo que se acuerde en el contrato y las leyes locales. Generalmente, se notifica con al menos 30 días de antelación antes del aumento propuesto.
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