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¿Qué es la acción de oposición de tercería en el derecho civil mexicano?
La acción de oposición de tercería es el derecho que tiene un tercero para oponerse a la ejecución de un bien que considera de su propiedad, cuando dicho bien ha sido embargado por un acreedor.
¿Cómo pueden los ciudadanos proteger su privacidad en línea al utilizar servicios de correo electrónico en México?
Los ciudadanos pueden proteger su privacidad en línea al utilizar servicios de correo electrónico en México mediante el cifrado de mensajes, la configuración de opciones de privacidad para limitar la recopilación de datos por parte del proveedor de servicios, y evitando compartir información personal sensible en correos electrónicos no cifrados.
¿Puede el arrendatario realizar mejoras en la propiedad sin el consentimiento del arrendador en México?
El arrendatario generalmente no puede realizar mejoras significativas en la propiedad sin el consentimiento del arrendador. Si desea hacer mejoras, debe obtener el permiso del arrendador y acordar los términos y condiciones de estas mejoras por escrito.
¿Cuál es el papel de las fintech en el proceso KYC en México?
Las fintech en México también deben cumplir con las regulaciones de KYC y son responsables de llevar a cabo procesos de verificación de identidad en línea. Estas empresas a menudo utilizan tecnologías innovadoras para mejorar la eficiencia del proceso KYC y ofrecer servicios financieros de manera más accesible.
¿Cuáles son los requisitos para constituir una servidumbre en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen el acuerdo entre las partes involucradas, la definición clara de los derechos y obligaciones de cada una y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
¿Se puede embargar un bien que es utilizado como vivienda por una persona física en México?
México En México, existe protección especial para la vivienda de una persona física que es utilizada como residencia principal. En general, la vivienda principal está excluida de embargo, a menos que existan deudas o obligaciones relacionadas directamente con la propia vivienda, como hipotecas o préstamos para su adquisición. Esta protección tiene como objetivo preservar el derecho a la vivienda de las personas y garantizar condiciones mínimas de habitabilidad.
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