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¿Qué es la guarda y custodia alterna en México y cómo se establece?
La guarda y custodia alterna en México es un régimen en el cual ambos padres comparten la responsabilidad de cuidar y criar a sus hijos de manera equitativa. Se establece mediante un acuerdo entre los padres o a través de una sentencia judicial. Se establecen períodos de tiempo en los que cada padre tiene la custodia y responsabilidad de los hijos.
¿Cómo se determina la competencia territorial en casos de extradición en México?
La competencia territorial en casos de extradición en México se determina de acuerdo con lo establecido en la legislación nacional y los tratados internacionales, que definen las jurisdicciones competentes para conocer de los mismos.
¿Qué sucede si un cliente proporciona información falsa durante el proceso KYC en México?
Si un cliente proporciona información falsa durante el proceso KYC en México, está infringiendo la ley y puede enfrentar sanciones legales, incluyendo multas y posibles procesos penales. Además, la institución financiera puede negarle servicios o cerrar su cuenta. La honestidad y la precisión en la información proporcionada son fundamentales.
¿Cómo se divide el sistema de justicia mexicano en términos de competencias?
El sistema de justicia mexicano se divide en diferentes ámbitos de competencia, incluyendo la justicia federal y la justicia estatal, cada una con sus propias jurisdicciones y competencias específicas.
¿Qué es el derecho del agua en México?
El derecho del agua regula las relaciones jurídicas derivadas de la gestión, aprovechamiento, conservación, protección, distribución y acceso al agua, garantizando su uso sustentable, equitativo y prioritario para consumo humano, agrícola, industrial, ambiental y otros usos en México.
¿Cuál es la situación de la justicia para personas con diversidad funcional en México y qué medidas se están tomando para garantizar su acceso a la justicia?
La situación de la justicia para personas con diversidad funcional en México enfrenta desafíos relacionados con la accesibilidad física y comunicativa, la falta de recursos y servicios especializados, y la discriminación en el trato judicial. Se están implementando medidas para garantizar su acceso a la justicia, como la adecuación de instalaciones y servicios, la capacitación de operadores judiciales en derechos de las personas con discapacidad, y la promoción de servicios de asistencia y apoyo.
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