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¿Cuáles son las implicaciones legales del delito de fraude al consumidor en México?
El fraude al consumidor, que implica engañar o defraudar a los consumidores en transacciones comerciales, se considera un delito en México. Las implicaciones legales pueden incluir sanciones penales, la protección de los derechos de los consumidores y la implementación de medidas para prevenir y sancionar el fraude al consumidor. Se promueve la transparencia y la honestidad en las relaciones comerciales, y se implementan acciones para prevenir y combatir este delito.
¿Qué es un tratado de libre comercio en México?
Un tratado de libre comercio es un acuerdo entre dos o más países para liberalizar el comercio, eliminando aranceles y barreras comerciales, y fomentando la integración económica y la cooperación en diversos ámbitos.
¿Qué es el habeas corpus en el derecho penal mexicano?
El habeas corpus en el derecho penal mexicano es un recurso legal que permite a cualquier persona detenida ilegalmente o de manera arbitraria solicitar su comparecencia ante un juez para que este determine la legalidad de la detención y ordene su liberación si corresponde.
¿Cuáles son los plazos de garantía legal en un contrato de venta en México?
En México, la garantía legal en un contrato de venta es de 180 días para bienes nuevos y 90 días para bienes usados, a menos que las partes acuerden plazos diferentes.
¿Qué es el derecho de la contratación internacional en México?
El derecho de la contratación internacional regula las relaciones jurídicas derivadas de los contratos celebrados entre partes ubicadas en diferentes países, estableciendo normativas para resolver conflictos de leyes, jurisdicción competente y reconocimiento de decisiones judiciales o arbitrales en el ámbito internacional.
¿Cuál es la situación de la justicia para personas con diversidad funcional en México y qué medidas se están tomando para garantizar su acceso a la justicia?
La situación de la justicia para personas con diversidad funcional en México enfrenta desafíos relacionados con la accesibilidad física y comunicativa, la falta de recursos y servicios especializados, y la discriminación en el trato judicial. Se están implementando medidas para garantizar su acceso a la justicia, como la adecuación de instalaciones y servicios, la capacitación de operadores judiciales en derechos de las personas con discapacidad, y la promoción de servicios de asistencia y apoyo.
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