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¿Cuáles son los requisitos para ejercer la acción de oposición de tercería en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen demostrar que se es propietario del bien embargado, que dicho bien no es propiedad del deudor ejecutado, y que se ejerza dentro del plazo establecido por la ley.
¿Cuál es el sistema de protección de los derechos de las personas en situación de migración en México en situación de solicitantes de asilo?
México cuenta con un sistema de protección de los derechos de las personas en situación de migración en México en situación de solicitantes de asilo. Se busca garantizar su acceso a los procedimientos de asilo, brindarles protección y asistencia durante el proceso, y promover su integración en la sociedad mexicana en caso de obtener el estatus de refugiado.
¿Qué es el delito de sabotaje en el derecho penal mexicano?
El delito de sabotaje en el derecho penal mexicano se refiere a cualquier acción destinada a causar daño, destrucción o perturbación en instalaciones, servicios públicos o propiedades, con el fin de obstaculizar su funcionamiento normal, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo del alcance del sabotaje y las consecuencias del mismo.
¿Cuáles son las oportunidades laborales para ciudadanos mexicanos en el sector del deporte y el fitness en España?
España ofrece oportunidades laborales en el sector del deporte y el fitness para ciudadanos mexicanos interesados en trabajar como entrenadores personales, fisioterapeutas o en gimnasios y centros deportivos. Deben contar con una oferta de trabajo y obtener el visado de trabajo correspondiente. El interés por el deporte y la vida saludable es alto en España.
¿Cuál es la duración del usufructo en el derecho civil mexicano?
La duración del usufructo puede ser temporal, vitalicio o por tiempo indefinido, dependiendo de lo establecido en el título constitutivo o la ley.
¿Qué es el derecho de la contratación pública en México?
El derecho de la contratación pública regula las relaciones jurídicas derivadas de los contratos celebrados por las entidades públicas para la adquisición de bienes, obras y servicios, así como para la realización de obras públicas, buscando garantizar la transparencia, eficiencia y legalidad en el uso de los recursos públicos.
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