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¿Qué es el delito de extorsión telefónica en el derecho penal mexicano?
El delito de extorsión telefónica en el derecho penal mexicano se refiere a la realización de amenazas o chantajes a través de llamadas telefónicas, con el fin de obtener dinero u otros beneficios de manera ilícita, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo de la gravedad de la extorsión y las circunstancias del caso.
¿Cuáles son los requisitos para ejercer la acción de reivindicación de la nuda propiedad en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen demostrar la existencia del derecho de nuda propiedad, el incumplimiento del usufructuario y el respeto a los plazos establecidos por la ley.
¿Puede el arrendador prohibir fumar en la propiedad arrendada en México?
El arrendador puede prohibir fumar en la propiedad arrendada al incluir una cláusula en el contrato que establezca esta restricción. Es importante que el arrendador comunique esta política al arrendatario desde el principio.
¿Cuáles son los requisitos para reclamar indemnización por expropiación en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen la notificación previa de la expropiación, la presentación de pruebas que demuestren la propiedad del bien y la cuantificación de los perjuicios sufridos.
¿Cuáles son las consecuncias legales del delito de discriminación por orientación sexual en México?
La discriminación por orientación sexual, que implica tratar de manera desigual o injusta a una persona debido a su orientación sexual, se considera un delito en México. Las consecuencias legales pueden incluir sanciones penales, la protección de los derechos de las personas y la implementación de medidas para prevenir y sancionar la discriminación. Se promueve la igualdad y el respeto a la diversidad sexual, y se implementan acciones para prevenir y combatir este delito.
¿Cuál es el papel de la Fiscalía General de la República en la procuración de justicia en México?
La Fiscalía General de la República tiene el papel de investigar y perseguir delitos federales, así como de coordinar acciones con las fiscalías estatales en casos de competencia concurrente, garantizando el respeto de los derechos humanos y la aplicación efectiva de la ley en todo el territorio nacional.
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