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¿Qué diferencia hay entre la CURP y el RFC?
La CURP es un código de identificación personal que se utiliza para identificar a los ciudadanos mexicanos, mientras que el RFC es un número de identificación fiscal utilizado para propósitos tributarios. Ambos pueden tener formatos similares, pero tienen diferentes propósitos.
¿Cuáles son las opciones de recurso para un deudor después de un embargo en México?
Después de un embargo en México, un deudor puede explorar opciones de recurso, como negociar un plan de pago, buscar la cancelación de la deuda a través de la vía legal si procede, o explorar la posibilidad de declarar quiebra o insolvencia, según la naturaleza de la deuda y su situación financiera.
¿Cuáles son las diferencias entre un embargo judicial y un embargo administrativo en México?
Un embargo judicial en México se produce como resultado de una resolución emitida por un tribunal o juez, generalmente en casos civiles o laborales. En cambio, un embargo administrativo es ordenado por autoridades gubernamentales o fiscales, como el SAT, para el cobro de deudas fiscales o administrativas. Las leyes y procedimientos varían entre ambos tipos de embargos.
¿Qué se está haciendo para promover la equidad de género en la educación en México?
En México, se han implementado diversas políticas y programas para promover la equidad de género en la educación. Esto incluye la capacitación docente en enfoque de género, la promoción de una educación inclusiva y no sexista, y la eliminación de estereotipos de género en los materiales educativos.
¿Cuáles son las obligaciones de las partes en contratos de venta de bienes con restricciones de exportación agrícola en México?
En contratos de venta con restricciones de exportación agrícola, las partes deben acordar términos y requisitos específicos para la exportación y cumplir con regulaciones de exportación y comercio internacional.
¿Cuáles son los requisitos para ejercer la acción de evicción en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen que la sentencia judicial despose al comprador de la propiedad del bien adquirido, que la evicción no provenga de un vicio oculto no imputable al vendedor, y que la venta sea de buena fe.
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