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¿Cuál es la diferencia entre el embargo y la confiscación de bienes en México?
El embargo en México implica la retención temporal de bienes como garantía para el pago de una deuda pendiente. La confiscación de bienes, en cambio, es el proceso mediante el cual los bienes se transfieren permanentemente al Estado o a otra entidad, por lo general debido a actividades ilegales, como el contrabando. Las leyes y procedimientos son distintos para cada uno.
¿Cuál es la postura de México ante la crisis de refugiados a nivel internacional?
México ha mostrado una postura solidaria y humanitaria ante la crisis de refugiados a nivel internacional, acogiendo a personas desplazadas por conflictos y persecuciones en diferentes partes del mundo. Participa en iniciativas de protección y asistencia a refugiados en colaboración con agencias de la ONU y organizaciones humanitarias.
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el uso de efectivo en actividades de lavado de activos en México?
Para prevenir el uso de efectivo en actividades de lavado de activos, México ha implementado límites en las transacciones en efectivo, lo que requiere el uso de sistemas bancarios y electrónicos. También se promueve la denuncia de transacciones sospechosas y la educación sobre los riesgos del efectivo.
¿Qué medidas se han tomado para prevenir y combatir el abuso policial en México?
El abuso policial es un problema en México, y se han implementado medidas como la creación de unidades de asuntos internos, capacitación en derechos humanos para policías y la promoción de denuncias de abuso.
¿Cómo puede el fraude por internet afectar la innovación tecnológica en México?
El fraude por internet puede frenar la innovación tecnológica en México al generar desconfianza en las nuevas tecnologías y disuadir a las empresas y a los consumidores de adoptar soluciones innovadoras por temor a ser víctimas de fraude.
¿Qué es el delito de abuso policial en el derecho penal mexicano?
El delito de abuso policial en el derecho penal mexicano se refiere al uso excesivo de la fuerza, la intimidación o la violencia por parte de agentes del orden público contra ciudadanos, sin justificación legal, y está castigado con penas que van desde sanciones administrativas hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad del abuso y las consecuencias para la víctima.
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