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¿Qué es el contrato de trabajo intermitente en el derecho mercantil mexicano
El contrato de trabajo intermitente en el derecho mercantil mexicano es aquel en el cual las partes acuerdan una relación laboral en la cual el trabajador presta sus servicios de manera discontinua, alternando períodos de trabajo con períodos de descanso, de acuerdo con las necesidades del empleador.
¿Cuáles son las regulaciones aplicables a la venta de bienes sujetos a medidas de control de alimentos y suplementos dietéticos en México?
La venta de bienes sujetos a medidas de control de alimentos y suplementos dietéticos en México debe cumplir con regulaciones de seguridad alimentaria y etiquetado, garantizando la calidad y la salud de los consumidores.
¿Puede el arrendatario subarrendar la propiedad si el arrendador ha dado su consentimiento en México?
Si el arrendador ha dado su consentimiento, el arrendatario puede subarrendar la propiedad a un tercero en México. Sin embargo, es importante que el subarrendamiento esté regulado por un acuerdo adicional y que el arrendador esté al tanto de las condiciones y responsabilidades.
¿Cuáles son las medidas de debida diligencia que deben tomar las instituciones financieras en México para prevenir el lavado de activos?
Las instituciones financieras en México deben realizar la identificación y verificación de sus clientes, mantener registros adecuados y reportar transacciones sospechosas a la UIF.
¿Cuál es la relación entre el narcotráfico y el lavado de activos en México?
El narcotráfico es una fuente significativa de lavado de activos en México, ya que los carteles suelen blanquear sus ganancias ilícitas a través de actividades económicas legales o empresas ficticias.
¿Qué es el delito de atentado contra la autoridad en el derecho penal mexicano?
El delito de atentado contra la autoridad en el derecho penal mexicano se refiere a cualquier acción que ponga en peligro la vida, integridad física o libertad de un funcionario público en ejercicio de sus funciones, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo de la gravedad del atentado y las consecuencias para la autoridad afectada.
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