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¿Cuál es el papel del Instituto Nacional de Economía Social (INAES) en casos de embargo en México?
El INAES en México es la institución encargada de fomentar y apoyar la economía social y solidaria. En casos de embargo relacionados con deudas en el ámbito de la economía social, el INAES puede intervenir para mediar en disputas, garantizar que se cumplan las regulaciones y proteger los derechos de las organizaciones de economía social. También puede recibir denuncias y quejas en situaciones de embargo relacionadas con asuntos de economía social.
¿Puedo solicitar una credencial para votar si soy extranjero residente en México?
Sí, los extranjeros residentes en México pueden solicitar una credencial para votar siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos establecidos por el INE.
¿Cómo se solicita la nacionalidad mexicana por nacimiento?
La nacionalidad mexicana por nacimiento se otorga automáticamente a quienes nacen en territorio mexicano. No es necesario realizar un trámite adicional para obtenerla.
¿Puede el arrendador negarse a renovar un contrato de arrendamiento en México?
El arrendador tiene derecho a no renovar un contrato al final de su vigencia, siempre y cuando lo notifique con la antelación requerida y respetando los términos del contrato.
¿Cuál es la relación entre la migración y la desigualdad de ingresos en México?
La migración puede estar relacionada con la desigualdad de ingresos en México al influir en la distribución de recursos, la competencia laboral, y las oportunidades de empleo en áreas de origen y destino de los migrantes, lo que puede afectar la concentración de riqueza, la equidad económica, y el bienestar de la población.
¿Pueden las personas con antecedentes penales en México votar en elecciones?
En México, las personas con antecedentes penales pueden votar en elecciones, ya que el derecho al voto se considera un derecho ciudadano fundamental. No se establecen restricciones para las personas con antecedentes penales en ese sentido. El derecho al voto está protegido por la Constitución y se garantiza a todos los ciudadanos, a menos que existan limitaciones específicas, como la pérdida de derechos civiles por sentencia judicial en casos graves.
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