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¿Qué es el delito de trata de órganos en el derecho penal mexicano?
El delito de trata de órganos en el derecho penal mexicano se refiere a la captación, transporte, traslado, recepción o compra-venta de órganos humanos con el fin de obtener un beneficio económico o financiar actividades delictivas, y está castigado con penas severas, incluyendo la prisión perpetua, debido a la gravedad de la violación de los derechos humanos y la integridad de las personas afectadas.
¿Cuál es el papel de la debida diligencia en la prevención de sanciones para contratistas en México?
La debida diligencia implica investigar y evaluar a los posibles socios comerciales y contratistas antes de celebrar acuerdos. Realizar una debida diligencia adecuada puede ayudar a prevenir sanciones al identificar a empresas que podrían estar involucradas en prácticas irregulares.
¿Cuál es la importancia de mantener registros adecuados de los activos fijos en la gestión de antecedentes fiscales?
Mantener registros adecuados de los activos fijos es esencial para la gestión de antecedentes fiscales en México. Los activos fijos pueden estar sujetos a impuestos y depreciación, y mantener registros precisos es fundamental para cumplir con las regulaciones fiscales y evitar problemas legales.
¿Cómo pueden las empresas en México proteger su infraestructura de red contra ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS)?
Las empresas en México pueden proteger su infraestructura de red contra ataques DDoS mediante la implementación de servicios de mitigación de DDoS, la configuración de firewalls y filtros de tráfico, y la diversificación de la infraestructura para distribuir la carga de tráfico.
¿Cuáles son las partes involucradas en un contrato de arrendamiento en México?
Las partes principales son el arrendador (propietario) y el arrendatario (inquilino). También puede haber un fiador o aval en algunos casos.
¿Cuál es la diferencia entre las sanciones administrativas y las sanciones judiciales para contratistas en México?
Las sanciones administrativas son impuestas por autoridades gubernamentales, como la Secretaría de la Función Pública, y pueden incluir multas y deshabilitación. Las sanciones judiciales son resultado de procesos legales y pueden llevar a penas de prisión.
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