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¿Es posible realizar un contrato de arrendamiento verbal en México?
En México, los contratos de arrendamiento verbales son legales, pero es altamente recomendable que los contratos se hagan por escrito para evitar malentendidos y proporcionar una mayor claridad en los términos y condiciones. El contrato por escrito es más seguro para ambas partes.
¿Qué es el delito de tráfico de menores en el derecho penal mexicano?
El delito de tráfico de menores en el derecho penal mexicano se refiere a la captación, transporte, traslado o acogida ilegal de niños o adolescentes con el fin de explotarlos sexual o laboralmente, y está castigado con penas que van desde largas condenas de prisión hasta la cadena perpetua, dependiendo de la gravedad del delito y las circunstancias del caso.
¿Cuál es la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el juicio de amparo?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la autoridad encargada de resolver los casos de amparo en última instancia, garantizando la interpretación uniforme de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales en México.
¿Cuáles son los delitos subyacentes que pueden generar fondos ilícitos en México?
México En México, los delitos subyacentes que suelen generar fondos ilícitos incluyen el narcotráfico, la corrupción, la extorsión, el fraude, el secuestro, el tráfico de armas, la evasión fiscal, entre otros. Estos delitos proporcionan ganancias ilegales que los criminales intentan legitimar a través del lavado de dinero.
¿Cómo pueden los ciudadanos proteger sus datos de navegación y actividad en línea en México?
Los ciudadanos pueden proteger sus datos de navegación y actividad en línea en México utilizando redes privadas virtuales (VPN) para cifrar su conexión a internet, configurando opciones de privacidad en sus navegadores y utilizando motores de búsqueda que respeten la privacidad del usuario.
¿Cuál es el papel de las instituciones de seguridad pública en el sistema de justicia mexicano?
Las instituciones de seguridad pública tienen la responsabilidad de prevenir y combatir el delito, colaborar en la investigación de los mismos, proteger a la ciudadanía y mantener el orden público, contribuyendo así al funcionamiento eficaz del sistema de justicia.
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