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¿Cómo se regulan los contratos de venta de bienes de segunda mano en México?
Los contratos de venta de bienes de segunda mano en México deben cumplir con las regulaciones de la PROFECO y la COFEPRIS, así como proporcionar información precisa sobre el estado de los productos.
¿Cuál es el proceso de libertad bajo fianza en México?
La libertad bajo fianza permite que un acusado espere su juicio fuera de la cárcel bajo ciertas condiciones y el pago de una suma de dinero. El proceso varía según el caso y la jurisdicción, y la cantidad de la fianza se determina por un juez.
¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de los solicitantes de protección humanitaria en casos de extradición en México?
Se establecen salvaguardas especiales y procedimientos para proteger los derechos de los solicitantes de protección humanitaria en casos de extradición en México, asegurando que se respeten los principios de no devolución y el derecho internacional humanitario.
¿Cómo pueden los ciudadanos verificar la seguridad de una conexión Wi-Fi pública en México?
Los ciudadanos pueden verificar la seguridad de una conexión Wi-Fi pública en México mediante el uso de una VPN para cifrar su tráfico, la verificación de la autenticidad de la red con el proveedor de servicios, y evitando realizar transacciones financieras o compartir información sensible en redes Wi-Fi no seguras.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en relación con el KYC en México?
La CONDUSEF en México tiene la función de proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros y puede actuar como mediador en disputas entre los clientes y las instituciones financieras. Aunque no es directamente responsable de regular el KYC, su función es importante para garantizar un trato justo a los clientes.
¿Cuál es el plazo de prescripción para reclamar una deuda de pensión alimenticia en México?
En México, el plazo de prescripción para reclamar una deuda de pensión alimenticia es de cinco años a partir de la fecha en que se venció el pago correspondiente. Sin embargo, este plazo puede variar según la legislación estatal y otras circunstancias específicas.
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