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¿Cómo se evalúan los riesgos geopolíticos y de seguridad en la debida diligencia en México?
Los riesgos geopolíticos y de seguridad deben ser considerados en la debida diligencia en México. Esto incluye la evaluación de factores como la estabilidad política, el crimen organizado, la seguridad del personal y la situación de seguridad en las áreas donde opera la empresa. La información sobre riesgos geopolíticos y de seguridad es esencial para tomar decisiones informadas y proteger a los empleados y activos.
¿Cuál es el proceso de notificación de transacciones sospechosas relacionadas con PEP a las autoridades en México?
Las instituciones financieras deben notificar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y proporcionar detalles de la transacción sospechosa, lo que inicia una investigación por parte de las autoridades.
¿Qué ocurre si el individuo solicitado en extradición en México impugna el proceso?
Si el individuo solicitado en extradición en México impugna el proceso, se lleva a cabo un procedimiento judicial en el que se evalúan los argumentos presentados por ambas partes y se emite una resolución definitiva sobre la legalidad de la extradición.
¿Qué medidas se toman para proteger la identidad de los testigos en casos de extradición en México?
Se establecen medidas de confidencialidad y protección para resguardar la identidad de los testigos en casos de extradición en México, evitando su exposición a posibles represalias o riesgos.
¿Cuáles son las instituciones encargadas de supervisar el AML en México?
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) son las principales instituciones encargadas de supervisar y regular el cumplimiento de las leyes AML en México.
¿Qué es el delito de alteración de precios en el derecho penal mexicano?
El delito de alteración de precios en el derecho penal mexicano se refiere a la manipulación fraudulenta de los precios de bienes o servicios con el fin de obtener un beneficio económico ilícito, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de alteración y las consecuencias para los consumidores o la economía.
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