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¿Qué consecuencias financieras pueden enfrentar los contratistas sancionados en México?
Las consecuencias financieras para los contratistas sancionados pueden incluir multas significativas, la pérdida de ingresos de contratos gubernamentales, costos legales, la disminución del valor de mercado y daños a la reputación que afectan su capacidad para atraer inversores y clientes.
¿Cuáles son las restricciones para realizar mejoras permanentes en la propiedad en México?
Para realizar mejoras permanentes en la propiedad, el arrendatario generalmente necesita el consentimiento del arrendador y debe asegurarse de que las mejoras sean reversibles, es decir, que no dañen la propiedad ni alteren su estructura de manera irreparable.
¿Qué sucede si el arrendador incumple con la devolución del depósito de garantía en México?
Si el arrendador no devuelve el depósito de garantía sin una justificación válida, el arrendatario puede iniciar acciones legales para recuperarlo. En algunos casos, las leyes locales establecen plazos y procedimientos específicos para la devolución del depósito.
¿Cuál es la diferencia entre el contrato de mandato y el contrato de comisión en México
La diferencia principal entre el contrato de mandato y el contrato de comisión en México radica en la naturaleza de los actos jurídicos realizados por el representante. Mientras que en el contrato de mandato el mandatario realiza actos jurídicos en nombre del mandante, en el contrato de comisión el comisionista realiza actos de comercio por cuenta del comitente.
¿Cuáles son los requisitos para ejercer la acción de extinción de concubinato en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen presentar pruebas que demuestren la voluntad de poner fin a la convivencia, entre otros establecidos por la ley.
¿Cuáles son las consecuencias legales del lavado de dinero en México?
El lavado de dinero es un delito que implica el ocultamiento de fondos de origen ilícito para darles apariencia de legalidad. En México, este delito se castiga con penas de prisión y multas, y las autoridades tienen la facultad de confiscar los activos derivados de actividades ilícitas. Además, se promueven acciones de cooperación internacional para combatir el lavado de dinero.
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