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¿Qué son los antecedentes fiscales en México?
Los antecedentes fiscales en México se refieren a la historia y situacion de cumplimiento tributario de una persona o empresa ante las autoridades fiscales
¿Qué derechos tienen las personas con antecedentes penales en México para la protección de su privacidad?
Las personas con antecedentes penales en México tienen derechos para la protección de su privacidad. Estos derechos están respaldados por las leyes de protección de datos personales y por el derecho a no ser discriminado injustamente debido a sus antecedentes penales. Las autoridades judiciales y los empleadores deben respetar la privacidad de la información sobre antecedentes y no divulgarla sin consentimiento, excepto en circunstancias permitidas por la ley. Las personas pueden ejercer sus derechos y buscar asesoramiento legal si consideran que se ha violado su privacidad de manera injusta.
¿Cómo afecta la penetración de internet a la seguridad bancaria en México?
La penetración de internet en México ha aumentado la exposición al riesgo cibernético, con un mayor número de transacciones financieras realizadas en línea, lo que requiere medidas adicionales de seguridad como firewalls, software antivirus y sistemas de detección de intrusiones para proteger la información bancaria.
¿Cuál es el impacto de la extradición en la seguridad nacional de México?
La extradición puede contribuir a fortalecer la seguridad nacional de México al permitir la entrega de individuos buscados por delitos graves que representan una amenaza para la estabilidad y el orden público en el país.
¿Puede un tercero solicitar el acceso a expedientes judiciales en México?
Sí, en ciertas circunstancias, un tercero puede solicitar el acceso a expedientes judiciales en México. Sin embargo, generalmente se requiere una razón válida y la aprobación de un tribunal para obtener este acceso.
¿Qué es el delito de atentado contra la paz pública en el derecho penal mexicano?
El delito de atentado contra la paz pública en el derecho penal mexicano se refiere a cualquier acción que perturbe, altere o ponga en peligro el orden público, la tranquilidad ciudadana o el funcionamiento regular de las instituciones y servicios públicos, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo de la gravedad del atentado y sus consecuencias.
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