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¿Cuál es el proceso para impugnar un embargo por falta de notificación en México?
México El proceso para impugnar un embargo por falta de notificación en México implica presentar una oposición o recurso legal ante el juez que emitió la orden de embargo. En la oposición, se deben argumentar los fundamentos legales y proporcionar pruebas que demuestren que no se realizó una notificación adecuada. Es importante contar con evidencia documental que respalde la falta de notificación, como comprobantes de domicilio o constancias de intentos de notificación previos. El juez evaluará la oposición y tomará una decisión sobre la validez del embargo.
¿Cómo se maneja la relación entre la regulación de PEP y la privacidad de datos personales en México?
La regulación de PEP debe respetar las leyes de privacidad de datos personales y garantizar que la información sensible de las PEP se maneje de manera confidencial y segura.
¿Cuál es el impacto de la Ley General de Cambio Climático en la gestión del cumplimiento en México?
La Ley General de Cambio Climático en México exige que las empresas informen y reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero, lo que requiere una gestión proactiva de cumplimiento en el ámbito ambiental.
¿Cómo pueden las instituciones financieras garantizar que las regulaciones de PEP no afecten negativamente a los clientes legítimos?
Las instituciones financieras pueden implementar procedimientos de debida diligencia eficientes y garantizar que los clientes legítimos no se vean afectados innecesariamente por las regulaciones de PEP.
¿Qué es el régimen de condominio en el derecho civil mexicano?
El régimen de condominio es aquel en el que dos o más personas tienen derechos de propiedad sobre una misma cosa, en proporciones ideales, sin división material del bien.
¿Cuál es la situación de la violencia institucional en el sistema de justicia mexicano?
La violencia institucional puede manifestarse en el sistema de justicia mexicano a través de prácticas discriminatorias, abusos de autoridad, falta de acceso a la justicia, y violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios y agentes del Estado, lo cual requiere medidas para prevenir y sancionar estos comportamientos.
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