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¿Cuáles son las implicaciones legales de la pornografía infantil en México?
La pornografía infantil es un delito grave y una violación de los derechos de los niños en México. Las penas por este delito son severas e incluyen largos períodos de prisión, multas y la obligación de reparar los daños causados a las víctimas. Además, se implementan acciones de prevención, persecución y protección de los derechos de los niños en el ámbito de la pornografía infantil.
¿Qué es el contrato de mandato en el derecho civil mexicano?
El contrato de mandato es aquel en el que una persona confía a otra la realización de uno o más actos jurídicos en su nombre y por su cuenta.
¿Cuáles son las implicaciones legales del contrabando en México?
El contrabando implica el ingreso ilegal de mercancías al país sin cumplir con las regulaciones aduaneras. En México, el contrabando es un delito y se castiga con penas que pueden incluir prisión, multas y la confiscación de los bienes. Las autoridades aduaneras tienen la facultad de realizar inspecciones y aplicar medidas para prevenir el contrabando y proteger los intereses económicos del país.
¿Qué es el "Programa de Identificación de Personas en Situación de Abuso Infantil" en México y cómo se relaciona con la identificación?
El Programa de Identificación de Personas en Situación de Abuso Infantil tiene como objetivo proporcionar identificación a niños y adolescentes que han sido víctimas de abuso en México. Esto les permite acceder a servicios de apoyo y protección.
¿Cuál es el impacto del fraude por internet en la confianza del público en los servicios de almacenamiento y gestión de datos en la nube en México?
El fraude por internet puede impactar la confianza del público en los servicios de almacenamiento y gestión de datos en la nube en México al generar preocupaciones sobre la seguridad y privacidad de la información almacenada en estos servicios, lo que puede disminuir su adopción y uso.
¿Puedo acceder a los antecedentes judiciales de una empresa en México?
En México, generalmente no se permite el acceso público a los antecedentes judiciales de una empresa. Sin embargo, algunas instituciones gubernamentales y autoridades reguladoras pueden tener acceso a esta información con fines legales y de supervisión.
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