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¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en situación de migración forzada en México?
Las mujeres en situación de migración forzada en México enfrentan desafíos adicionales para el ejercicio de sus derechos. Se han implementado medidas para garantizar su protección y asistencia, incluyendo acceso a refugio, servicios de salud y apoyo psicosocial. Además, se promueve su participación en la toma de decisiones que les afecten y se busca su integración y empoderamiento.
¿Qué es el delito de fraude telefónico en el derecho penal mexicano?
El delito de fraude telefónico en el derecho penal mexicano se refiere a la realización de estafas o engaños a través de llamadas telefónicas, con el fin de obtener información confidencial, datos personales o dinero de las víctimas, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo de la gravedad del fraude y las circunstancias del caso.
¿Cuál es el impacto de la migración en la movilidad social descendente en México?
La migración puede impactar la movilidad social descendente en México al afectar las oportunidades de empleo, educación y acceso a recursos económicos para migrantes y sus familias, lo que puede contribuir a perpetuar la pobreza, la exclusión social y la marginalidad en el país.
¿Qué derechos protege el artículo 28 de la Constitución Mexicana en materia económica?
El artículo 28 de la Constitución Mexicana protege la competencia económica, regulando las prácticas monopólicas y las concentraciones de mercado que afecten la libre concurrencia y la competencia económica.
¿Qué es el secuestro express y cómo se combate en México?
El secuestro express es un delito en el que los secuestradores buscan obtener un rescate rápidamente. Se combate a través de fuerzas de seguridad especializadas y medidas de prevención, como la educación sobre cómo protegerse.
¿Qué es el delito de obstrucción de la justicia en línea en el derecho penal mexicano?
El delito de obstrucción de la justicia en línea en el derecho penal mexicano se refiere a cualquier acción destinada a dificultar o entorpecer la investigación, el proceso judicial o la actuación de las autoridades a través de medios electrónicos o digitales, y está castigado con penas que van desde multas hasta largas condenas de prisión, dependiendo de la gravedad de la obstrucción y las consecuencias para la administración de justicia.
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