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¿Cómo se determina la jurisdicción competente en caso de conflicto en un contrato de venta en México?
La jurisdicción competente se determina generalmente por las partes en el contrato. Pueden acordar un tribunal específico o seguir las leyes de jurisdicción civil o comercial.
¿Cómo pueden las empresas garantizar la igualdad y no discriminación en el proceso de verificación de antecedentes en México?
Las empresas pueden garantizar la igualdad y no discriminación en el proceso de verificación de antecedentes en México al establecer políticas claras y procedimientos equitativos para la revisión de antecedentes. Esto incluye tratar a todos los candidatos de manera justa y consistente, enfocándose en la relevancia de la información de antecedentes para el trabajo en cuestión. Además, es importante capacitar al personal de recursos humanos y cumplir con las regulaciones antidiscriminatorias para garantizar que la verificación de antecedentes sea imparcial.
¿Cuál es el impacto de la falta de retención de ISR por pagos a personas físicas en México?
La falta de retención de ISR en pagos a personas físicas en México puede resultar en sanciones y problemas con los antecedentes fiscales de la empresa. Las empresas están obligadas a retener impuestos en ciertas transacciones y remitirlos al SAT.
¿Cómo se regula la venta de bienes y servicios relacionados con el entretenimiento y espectáculos en México?
La venta de bienes y servicios relacionados con el entretenimiento y espectáculos en México está regulada por la PROFECO y las leyes de entretenimiento, garantizando la transparencia en costos y servicios ofrecidos a los consumidores.
¿Cuáles son las implicaciones legales de los contratos de venta de bienes incautados en México?
Los contratos de venta de bienes incautados en México se realizan bajo supervisión de la autoridad competente, y el producto se destina a fines específicos, como la extinción de dominio o indemnizaciones.
¿Qué es el delito de atentado contra la seguridad del transporte en el derecho penal mexicano?
El delito de atentado contra la seguridad del transporte en el derecho penal mexicano se refiere a cualquier acción que ponga en peligro la seguridad, integridad o funcionamiento de los medios de transporte público o privado, como sabotajes, ataques, secuestros o toma de rehenes, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, debido a la gravedad del riesgo para la vida y la seguridad de los pasajeros y trabajadores del transporte.
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