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¿Qué es el régimen de visitas ampliado en México y en qué casos se otorga?
El régimen de visitas ampliado en México es una disposición que permite otorgar un mayor tiempo de convivencia entre el progenitor no custodio y el menor. Se otorga en casos donde se considera beneficioso para el desarrollo y bienestar del menor tener un mayor contacto con el progenitor no custodio, siempre y cuando sea en el mejor interés del niño/a y no ponga en riesgo su seguridad y estabilidad.
¿Qué es el delito de usurpación en el derecho penal mexicano?
El delito de usurpación en el derecho penal mexicano consiste en apoderarse o ejercer el control ilegal sobre un bien inmueble, terreno, propiedad o derecho ajeno, sin consentimiento del titular legítimo, y está penado con medidas de restitución, indemnización y en algunos casos prisión, dependiendo de las circunstancias y la gravedad del hecho.
¿Cuáles son las regulaciones aplicables a la venta de bienes sujetos a medidas de control de calidad en México?
La venta de bienes sujetos a medidas de control de calidad en México debe cumplir con regulaciones de calidad y seguridad, y obtener las certificaciones necesarias de entidades acreditadas.
¿Cuál es el impacto de la pandemia de COVID-19 en la seguridad bancaria de México?
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la seguridad bancaria de México al aumentar la adopción de servicios bancarios en línea, lo que ha generado nuevos desafíos en términos de protección de datos, seguridad cibernética y prevención de fraudes relacionados con la crisis sanitaria.
¿Cómo se manejan los contratos de venta de bienes intangibles, como software o licencias, en México?
Los contratos de venta de bienes intangibles en México deben especificar claramente los derechos de uso, las licencias y las restricciones, y pueden estar sujetos a regulaciones de propiedad intelectual.
¿Cuál es el proceso para solicitar la pensión compensatoria en México?
El proceso para solicitar la pensión compensatoria en México implica presentar una demanda ante un juez familiar. Se deben presentar pruebas y argumentos que demuestren la existencia de una disparidad significativa en los ingresos y patrimonio de los cónyuges, así como la necesidad de la pensión para equilibrar la situación económica tras la disolución del matrimonio.
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