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¿Qué es el delito de omisión de cuidados en el derecho penal mexicano?
El delito de omisión de cuidados en el derecho penal mexicano se refiere a la falta de atención o cuidado debidos hacia una persona que se encuentra bajo la responsabilidad del autor del delito, como niños, ancianos o personas con discapacidad, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de omisión y las consecuencias para la víctima.
¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de las personas migrantes en situación de trata de personas con fines de trabajo forzado en México?
Se establecen protocolos de protección y medidas específicas para asegurar los derechos de las personas migrantes víctimas de trata con fines de trabajo forzado en México, garantizando su acceso a la asistencia legal y protección durante el proceso judicial.
¿Cuál es el impacto de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en México?
Esta ley regula la recopilación y manejo de datos personales por parte de sujetos obligados, como instituciones financieras y gubernamentales. El incumplimiento puede resultar en sanciones, multas y demandas por violación de privacidad.
¿Cómo se regulan las ventas a plazos o a crédito en México?
Las ventas a plazos o a crédito en México están sujetas a regulaciones específicas, como la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para proteger a los consumidores.
¿Qué medidas se toman para proteger los sistemas de gestión de fraude en el sector bancario mexicano?
Para proteger los sistemas de gestión de fraude en el sector bancario mexicano, se utilizan algoritmos de detección de anomalías, análisis predictivo, y sistemas de alerta temprana para identificar y mitigar actividades fraudulentas, protegiendo así los activos financieros y la reputación de la institución.
¿Cómo se garantiza el principio de presunción de inocencia en el sistema de justicia mexicano?
El principio de presunción de inocencia se garantiza en el sistema de justicia mexicano mediante la obligación de que la carga de la prueba recaiga en el Ministerio Público, quien debe demostrar la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable.
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