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¿Puede una persona con antecedentes penales ser discriminada en la vivienda en México?
En México, la discriminación por antecedentes penales en la vivienda está prohibida por leyes y regulaciones que protegen los derechos de las personas a la igualdad y no discriminación. Los propietarios e inquilinos no pueden negar el acceso a la vivienda o discriminar en el alquiler o venta de propiedades debido a los antecedentes penales. Si una persona cree que ha sido discriminada en la vivienda debido a sus antecedentes, puede buscar asesoramiento legal y presentar una queja ante las autoridades apropiadas.
¿Qué debo hacer si encuentro una cédula de identidad personal perdida?
Si encuentras una cédula de identidad personal perdida, debes entregarla a las autoridades correspondientes, como el INE o la policía local, para que puedan devolverla a su propietario legítimo.
¿Cuáles son las consecuencias legales de la violencia familiar en México?
La violencia familiar en México es ilegal y puede dar lugar a órdenes de protección, denuncias penales y medidas de alejamiento. Las víctimas pueden buscar asesoramiento legal y apoyo psicológico, y los agresores pueden enfrentar sanciones penales.
¿Cuáles son las medidas tomadas para combatir el tráfico de personas en México?
Se están implementando medidas para combatir el tráfico de personas en México, como la promulgación de leyes y protocolos específicos, la capacitación de autoridades en la identificación y atención a víctimas, la cooperación internacional en la prevención y persecución del delito, la sensibilización sobre los riesgos y derechos de las personas migrantes, y la creación de mecanismos de protección y asistencia a víctimas.
¿Cuál es la duración típica de un contrato de arrendamiento en México?
En México, la duración típica de un contrato de arrendamiento es de un año, aunque puede ser más corta o más larga según lo acordado por las partes.
¿Qué derechos protege el artículo 35 de la Constitución Mexicana en materia electoral?
El artículo 35 de la Constitución Mexicana protege los derechos político-electorales de los ciudadanos, garantizando su participación en consultas populares, elecciones y plebiscitos.
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