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¿Qué es el delito de desaparición forzada de personas en el derecho penal mexicano?
El delito de desaparición forzada de personas en el derecho penal mexicano se refiere a la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos armados, seguida de la negativa a reconocer la detención o el paradero de la víctima, con el fin de ocultar su destino o evitar su localización, y está castigado con penas severas, incluyendo la prisión perpetua, debido a la gravedad de la violación de los derechos humanos y la impunidad que representa este delito.
¿Cuál es el impacto de la migración en la integración de los migrantes retornados en México?
La migración puede tener un impacto en la integración de los migrantes retornados en México al influir en su acceso a empleo, vivienda, educación y servicios sociales, así como alentar la creación de programas de reintegración y apoyo dirigidos a personas que regresan de forma voluntaria o forzada a su país de origen.
¿Cuáles son los elementos esenciales de un contrato de venta en México?
En México, un contrato de venta debe contener elementos esenciales como la oferta, la aceptación, el objeto (bien o servicio), el precio y el consentimiento de las partes.
¿Qué consecuencias puede tener la falta de cumplimiento de las regulaciones de PEP en la reputación de una institución financiera en México?
La falta de cumplimiento puede dañar la reputación de una institución financiera y llevar a la pérdida de la confianza de los clientes y a la fuga de depósitos.
¿Qué es el delito de coacción en el derecho penal mexicano?
El delito de coacción en el derecho penal mexicano se refiere a la acción de obligar o inducir a una persona a realizar un acto en contra de su voluntad, mediante amenazas, violencia o intimidación, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo de la gravedad de la coacción y las circunstancias del caso.
¿Cuál es el plazo para ejercer la acción de deslinde y amojonamiento en el derecho civil mexicano?
El plazo para ejercer esta acción varía según la legislación estatal, pero generalmente es de diez años a partir del momento en que se tenga conocimiento de la invasión del terreno.
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