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¿Qué es la acción de división de bien común en el derecho civil mexicano?
La acción de división de bien común es el procedimiento legal para repartir entre los copropietarios la propiedad de un bien que les pertenece en común, cuando no pueden llegar a un acuerdo voluntario sobre su uso o administración.
¿Cuál es el papel de las instituciones de seguridad pública en el sistema de justicia mexicano?
Las instituciones de seguridad pública tienen la responsabilidad de prevenir y combatir el delito, colaborar en la investigación de los mismos, proteger a la ciudadanía y mantener el orden público, contribuyendo así al funcionamiento eficaz del sistema de justicia.
¿Cómo pueden las empresas en México asegurarse de que sus políticas de cumplimiento normativo sean efectivas y se cumplan?
Las empresas pueden asegurarse de que sus políticas de cumplimiento sean efectivas mediante la capacitación continua de los empleados, la supervisión, la auditoría y la retroalimentación de las partes interesadas. También es fundamental contar con un programa de cumplimiento bien estructurado y una cultura de cumplimiento.
¿Cuál es la diferencia entre una PEP nacional y una PEP extranjera en el contexto de las regulaciones mexicanas?
Una PEP nacional es una persona con un cargo político en México, mientras que una PEP extranjera es una persona con un cargo político en otro país. Ambos están sujetos a regulaciones, pero las PEP extranjeras requieren medidas de debida diligencia adicionales.
¿Qué es el derecho de la gestión del transporte público en México?
El derecho de la gestión del transporte público regula las relaciones jurídicas derivadas de la prestación, regulación y control de los servicios de transporte de pasajeros y mercancías en medios como autobuses, trenes, metro, taxis y otros, estableciendo normativas para garantizar la seguridad, eficiencia, accesibilidad y calidad en la movilidad urbana y regional en México.
¿Qué medidas se están tomando para mejorar la infraestructura judicial en México?
Se están implementando medidas para mejorar la infraestructura judicial en México, incluyendo la construcción de nuevos tribunales, la modernización de instalaciones existentes, y la inversión en tecnología para agilizar los procesos judiciales.
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