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¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho de la publicidad en México?
Las principales leyes son la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley General de Salud, la Ley General de Publicidad, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras disposiciones específicas relacionadas con la publicidad.
¿Puede un empleado rechazar someterse a una verificación de antecedentes disciplinarios en México?
En México, un empleado tiene el derecho de negarse a someterse a una verificación de antecedentes disciplinarios. Sin embargo, esto puede influir en la decisión del empleador y, en algunos casos, puede llevar a la no contratación. Algunos puestos, como los relacionados con la seguridad o el cuidado de menores, pueden requerir obligatoriamente esta verificación como parte de los requisitos del trabajo.
¿Qué es el "Programa de Identificación de Vehículos Robados" en México y su relación con la identificación?
El Programa de Identificación de Vehículos Robados busca prevenir y combatir el robo de vehículos en México. Aunque no emite identificaciones, puede implicar la verificación de documentos de identificación para determinar la propiedad legal de un vehículo.
¿Cuál es el papel de las agencias internacionales en la supervisión de las regulaciones de PEP en México?
Las agencias internacionales, como el GAFI, proporcionan orientación y evaluaciones periódicas de la efectividad de las regulaciones de PEP en México, lo que ayuda a mantener un estándar internacional en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción.
¿Cómo se determina la jurisdicción competente en caso de conflicto en un contrato de venta en México?
La jurisdicción competente se determina generalmente por las partes en el contrato. Pueden acordar un tribunal específico o seguir las leyes de jurisdicción civil o comercial.
¿Qué es el delito de malversación de fondos públicos en el derecho penal mexicano?
El delito de malversación de fondos públicos en el derecho penal mexicano se refiere a la apropiación indebida de recursos económicos destinados al erario público por parte de funcionarios o empleados del gobierno, y está castigado con penas que van desde multas hasta largas condenas de prisión, dependiendo del monto desviado y las circunstancias del caso.
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