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¿Qué es el derecho de la competencia en las telecomunicaciones en México?
El derecho de la competencia en las telecomunicaciones tiene como objetivo evitar prácticas anticompetitivas que puedan limitar la libre concurrencia y el acceso equitativo a los servicios de telecomunicaciones, garantizando la competencia leal y eficiente en el mercado.
¿Qué medidas de prevención y capacitación se han implementado en México para prevenir el lavado de activos?
Se han establecido programas de capacitación y concientización dirigidos a profesionales financieros y empresas para que estén alertas ante actividades sospechosas y cumplan con las regulaciones.
¿Qué es el depósito en el derecho civil mexicano?
El depósito es un contrato por el cual una persona entrega a otra una cosa mueble para que la guarde y la devuelva en el momento convenido o cuando sea requerida.
¿Cuál es el proceso de recuperación de activos relacionados con casos de lavado en México y cómo se destinan estos recursos recuperados?
El proceso de recuperación de activos implica la confiscación de bienes relacionados con el lavado. Los recursos recuperados se destinan a programas de prevención del delito y al fortalecimiento de la lucha contra el lavado y otros delitos financieros.
¿Cuáles son las diferencias entre un contrato a plazo fijo y uno indefinido en México?
En México, un contrato a plazo fijo tiene una duración específica, mientras que un contrato indefinido no tiene una fecha de finalización establecida. Los contratos a plazo fijo se utilizan para empleos temporales o proyectos específicos, mientras que los contratos indefinidos son para empleos continuos. Los derechos y beneficios pueden variar según el tipo de contrato.
¿Cuáles son las consecuencias legales de la desobediencia civil en México?
La desobediencia civil se refiere a la resistencia activa y pacífica de las personas ante leyes o acciones gubernamentales consideradas injustas. En México, la desobediencia civil puede tener consecuencias legales, como detenciones, multas o sanciones penales dependiendo de la situación específica. La ley reconoce el derecho a la protesta pacífica, pero también establece límites para garantizar la seguridad y el orden público.
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