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¿Qué es el derecho de la gestión de la protección civil en México?
El derecho de la gestión de la protección civil regula las relaciones jurídicas relacionadas con la prevención, preparación, respuesta y reconstrucción frente a desastres naturales y emergencias, estableciendo normativas para proteger la vida, la integridad física y los bienes de la población, así como para coordinar acciones entre autoridades y sociedad civil en México.
¿Qué es la acción de oposición de tercería en el derecho civil mexicano?
La acción de oposición de tercería es el derecho que tiene un tercero para oponerse a la ejecución de un bien que considera de su propiedad, cuando dicho bien ha sido embargado por un acreedor.
¿Cómo se resuelven los casos de derechos humanos en México?
Los casos de violaciones de derechos humanos en México pueden presentarse ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o en tribunales especializados. La CNDH investiga y emite recomendaciones no vinculantes. Si la parte afectada busca una reparación más efectiva, puede llevar el caso a tribunales especializados en derechos humanos. Estos tribunales tienen la facultad de imponer sanciones y compensaciones.
¿Qué es el delito de abandono de personas con discapacidad en el derecho penal mexicano?
El delito de abandono de personas con discapacidad en el derecho penal mexicano se refiere a la desatención o desamparo de individuos con discapacidad que requieren cuidados especiales, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo de las consecuencias del abandono y las circunstancias del caso.
¿Qué es el contrato individual de trabajo en México?
El contrato individual de trabajo es aquel en el que una persona se compromete a prestar sus servicios subordinados a otra persona física o moral, a cambio de un salario y bajo la dirección y supervisión del empleador.
¿Cuál es el impacto de la violencia económica en el acceso a la justicia para las mujeres en México?
La violencia económica puede limitar el acceso a la justicia para las mujeres en México al restringir su capacidad económica para buscar asesoría legal, pagar honorarios de abogados o costos procesales, y mantener su independencia financiera durante procesos judiciales. Se están tomando medidas para sensibilizar y capacitar a operadores judiciales en la identificación y atención de esta forma de violencia de género, así como para promover el acceso a servicios legales gratuitos o subsidiados para mujeres en situación de vulnerabilidad económica.
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