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¿Qué es el delito de disturbios en el derecho penal mexicano?
El delito de disturbios en el derecho penal mexicano se refiere a la alteración del orden público mediante actos violentos, como enfrentamientos con autoridades o daños a la propiedad pública o privada, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de disturbio y las circunstancias del caso.
¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la supervisión de las actividades financieras de las PEP?
La sociedad civil puede desempeñar un papel importante al denunciar actividades sospechosas y promover la transparencia y la rendición de cuentas de las PEP en México.
¿Qué derechos protege el artículo 14 de la Constitución Mexicana en materia de justicia?
El artículo 14 de la Constitución Mexicana protege los derechos procesales de las personas, garantizando el debido proceso, la legalidad en la detención y la presunción de inocencia.
¿Cuáles son las principales instituciones financieras en México y qué servicios ofrecen?
México Las principales instituciones financieras en México son los bancos comerciales, como Bancomer, Banamex y Santander, que ofrecen servicios como cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, préstamos y otros productos financieros. También existen sociedades de inversión, aseguradoras y casas de bolsa que brindan servicios especializados.
¿Qué es la acción de impugnación de pensión compensatoria en el derecho civil mexicano?
La acción de impugnación de pensión compensatoria es el derecho que tiene el obligado a pagar la pensión para impugnar su monto o su duración cuando considera que no son justos.
¿Cuál es la situación de la justicia comunitaria en México y qué acciones se están tomando para su reconocimiento y regulación?
La justicia comunitaria es una forma de resolución de conflictos arraigada en tradiciones y prácticas locales en México, pero enfrenta desafíos en cuanto a su reconocimiento y regulación dentro del sistema de justicia formal. Se están tomando acciones para su reconocimiento y regulación mediante la consulta y participación de las comunidades, la armonización de normativas locales con estándares internacionales de derechos humanos, y el fortalecimiento de mecanismos de coordinación entre la justicia comunitaria y la justicia formal.
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