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El debido proceso en el derecho penal mexicano es el conjunto de garantías y derechos fundamentales que tienen las personas durante el desarrollo de un proceso penal, incluyendo el derecho a la defensa, a un juicio imparcial y a un recurso efectivo.
¿Qué es el contrato de trabajo en el sector del transporte en el derecho mercantil mexicano
El contrato de trabajo en el sector del transporte en el derecho mercantil mexicano es aquel en el cual una persona presta servicios en actividades relacionadas con la conducción, operación, mantenimiento o logística de medios de transporte, como automóviles, camiones, trenes, aviones, barcos o drones, bajo la dirección de un empleador, a cambio de una remuneración.
¿Qué es el delito de posesión de drogas con fines de venta en el derecho penal mexicano?
El delito de posesión de drogas con fines de venta en el derecho penal mexicano se refiere a la tenencia o almacenamiento de sustancias estupefacientes o psicotrópicas con la intención de distribuirlas, comercializarlas o venderlas ilícitamente, y está castigado con penas que van desde largas condenas de prisión hasta la cadena perpetua, dependiendo del tipo y la cantidad de droga incautada.
¿Cómo pueden las instituciones financieras en México garantizar que las regulaciones de PEP no afecten negativamente a la inclusión financiera?
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¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho del agua en México?
Las principales leyes son la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Aguas del Distrito Federal, la Ley de Aguas del Estado de México, la Ley de Derechos de Agua, entre otras disposiciones específicas relacionadas con el derecho del agua.
¿Cuál es el marco legal que respalda la identificación y seguimiento de Personas expuestas políticamente en México?
México El marco legal que respalda la identificación y seguimiento de Personas Expuestas Políticamente en México incluye la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado), la cual establece las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la debida diligencia, el reporte de operaciones sospechosas y la cooperación con las autoridades competentes.
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