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¿Cuál es la diferencia entre el embargo y la confiscación de bienes en México?
El embargo en México implica la retención temporal de bienes como garantía para el pago de una deuda pendiente. La confiscación de bienes, en cambio, es el proceso mediante el cual los bienes se transfieren permanentemente al Estado o a otra entidad, por lo general debido a actividades ilegales, como el contrabando. Las leyes y procedimientos son distintos para cada uno.
¿Cuáles son las consecuencias legales del delito de tráfico de personas con fines de explotación laboral en México?
El tráfico de personas con fines de explotación laboral, que implica el reclutamiento, transporte o acogida de personas para explotarlas laboralmente de manera ilegal, se considera un delito grave en México. Las penas por tráfico de personas con fines de explotación laboral pueden incluir sanciones penales, multas y la protección y atención a las víctimas. Se promueve la prevención, persecución y protección de las víctimas de tráfico de personas con fines de explotación laboral.
¿Qué derechos protege el artículo 123 de la Constitución Mexicana en materia laboral?
El artículo 123 de la Constitución Mexicana protege derechos laborales como el salario mínimo, las prestaciones sociales, la seguridad en el empleo y la negociación colectiva.
¿Qué es el contrato de mandato en el derecho mercantil mexicano
El contrato de mandato en el derecho mercantil mexicano es aquel mediante el cual una persona, llamada mandante, confiere a otra persona, llamada mandatario, la representación para realizar uno o varios actos jurídicos en su nombre y por su cuenta.
¿Cuál es el impacto de la Ley General de Cambio Climático en la gestión del cumplimiento en México?
La Ley General de Cambio Climático en México exige que las empresas informen y reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero, lo que requiere una gestión proactiva de cumplimiento en el ámbito ambiental.
¿Qué es el derecho de la vivienda en México?
El derecho de la vivienda regula el acceso a una vivienda digna y adecuada, estableciendo normativas para la construcción, financiamiento, subsidios, arrendamiento, regularización y protección jurídica de la propiedad habitacional, así como para la prevención y solución de problemas de vivienda.
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