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¿Cómo se garantiza el derecho a la educación en México?
El derecho a la educación en México está garantizado por el artículo 3 de la Constitución, que establece la obligatoriedad de la educación básica y el acceso a la educación gratuita y laica.
¿Qué es el delito de contratación de trabajadores sin documentos en el derecho penal mexicano?
El delito de contratación de trabajadores sin documentos en el derecho penal mexicano se refiere a la empleabilidad de personas sin la debida documentación legal, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de contratación ilegal y las circunstancias del caso.
¿Qué medidas se están tomando para garantizar la protección de los derechos de las personas con VIH/sida en situación de reclusión en México?
Se están implementando medidas para garantizar la protección de los derechos de las personas con VIH/sida en situación de reclusión en México, como la provisión de atención médica integral, la prevención de la discriminación, la promoción de derechos de acceso a tratamiento y medicamentos, y la capacitación de personal penitenciario
¿Qué es la corrupción en el derecho penal mexicano?
La corrupción en el derecho penal mexicano se refiere al abuso de poder o la utilización indebida de recursos públicos con el fin de obtener beneficios personales o favorecer intereses particulares, y constituye un delito que socava la integridad y eficacia del Estado.
¿Cómo se determina la competencia judicial en casos de extradición en México?
La competencia judicial en casos de extradición en México se determina de acuerdo con lo establecido en la legislación nacional y los tratados internacionales, que definen las autoridades responsables de evaluar y decidir sobre las solicitudes de extradición.
¿Cuáles son las consecuencias legales del delito de abuso de autoridad en México?
El abuso de autoridad, que implica el uso ilegal o excesivo de poder o autoridad pública para obtener beneficios personales o perjudicar a otros, se considera un delito en México. Las consecuencias legales pueden incluir sanciones penales, multas y la destitución del cargo público. Se promueve la ética y la responsabilidad en el ejercicio de la autoridad y se implementan medidas de control y rendición de cuentas para prevenir y sancionar el abuso de autoridad.
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