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¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en relación con las Personas expuestas políticamente en México?
México Las instituciones financieras en México tienen la obligación de implementar medidas de debida diligencia para identificar a las Personas Expuestas Políticamente con las que realizan transacciones. Esto implica llevar a cabo un monitoreo continuo de las actividades financieras de estas personas, reportar transacciones sospechosas y mantener registros actualizados.
¿Qué medidas de seguridad se implementan para proteger los expedientes judiciales en México?
En México, se implementan medidas de seguridad, como el almacenamiento en lugares seguros, la custodia por parte de funcionarios judiciales, la autenticación de documentos y el acceso controlado, para proteger la integridad y confidencialidad de los expedientes.
¿Puede el arrendador cambiar las condiciones del contrato durante su vigencia en México?
El arrendador generalmente no puede cambiar las condiciones del contrato durante su vigencia sin el consentimiento del arrendatario, a menos que haya disposiciones específicas en el contrato que lo permitan.
¿Cómo pueden las PEP en México asegurarse de que sus activos y transacciones cumplan con las regulaciones de manera efectiva?
Las PEP pueden buscar asesoramiento legal y financiero, mantener registros detallados de sus activos y transacciones, y ser transparentes con las autoridades en caso de cualquier inquietud.
¿Existen leyes que regulan la obtención y el uso de antecedentes disciplinarios en México?
Sí, en México existen leyes y regulaciones que rigen la obtención y el uso de antecedentes disciplinarios, como la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Nacional de Ejecución Penal. Estas leyes establecen ciertos procedimientos y restricciones en la obtención y manejo de esta información.
¿Existen regulaciones específicas sobre la retención y destrucción de expedientes judiciales en México?
Sí, en México existen regulaciones específicas sobre la retención y destrucción de expedientes judiciales. Las leyes y normativas establecen plazos de retención para diferentes tipos de casos. Al final de estos plazos, los expedientes pueden ser archivados o destruidos de acuerdo con procedimientos legales para preservar la confidencialidad y la integridad de la información.
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