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¿Cuáles son las diferencias entre un embargo preventivo y un embargo ejecutivo en México?
Un embargo preventivo en México se lleva a cabo antes de que exista una sentencia o resolución que establezca una deuda. En cambio, un embargo ejecutivo se produce después de obtener una orden judicial o una resolución que confirma la deuda pendiente. Los procedimientos y las bases legales pueden variar entre ambos tipos de embargos.
¿Cuánto tiempo es válida una credencial para votar en México?
La credencial para votar en México es válida por 10 años.
¿Cuál es el plazo para presentar una demanda laboral en México?
El plazo para presentar una demanda laboral en México puede variar según el tipo de demanda, pero en general, es de un año a partir de la fecha en que se originó la causa de la demanda. Es importante conocer los plazos específicos para no perder el derecho de presentar la demanda.
¿Qué instituciones en México están obligadas a verificar las listas de riesgos?
En México, instituciones como bancos, casas de bolsa, notarios públicos, agencias de valores y otras entidades financieras están obligadas a verificar las listas de riesgos. También, empresas no financieras como casinos, agentes aduanales y concesionarios de vehículos deben cumplir con estas obligaciones.
¿Qué es el derecho de la gestión del comercio electrónico en México?
El derecho de la gestión del comercio electrónico regula las relaciones jurídicas derivadas de las transacciones comerciales realizadas a través de medios electrónicos, como internet, estableciendo normativas para garantizar la seguridad, confiabilidad, protección al consumidor y reconocimiento legal de las operaciones comerciales en línea en México.
¿Cuál es la situación de la justicia para personas con diversidad funcional en México y qué medidas se están tomando para garantizar su acceso a la justicia?
La situación de la justicia para personas con diversidad funcional en México enfrenta desafíos relacionados con la accesibilidad física y comunicativa, la falta de recursos y servicios especializados, y la discriminación en el trato judicial. Se están implementando medidas para garantizar su acceso a la justicia, como la adecuación de instalaciones y servicios, la capacitación de operadores judiciales en derechos de las personas con discapacidad, y la promoción de servicios de asistencia y apoyo.
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